Ciudad de México. Dos horas después de la protesta que incluyó el derribo de una de las puertas de Palacio Nacional, hasta el plantón donde se encuentran los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos llegó personal de la Secretaría de Gobernación para ponerse en contacto con ellos.
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Los familiares de los jóvenes aprovecharon para entregarle el documento que en un principio iba a ser dado al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que le solicitan una audiencia.
Tras ello, la Secretaría de Gobernación informó que están abiertos al diálogo y se comprometen a reforzar los trabajos de búsqueda en campo, romper “el pacto de silencio” y sancionar a los responsables.
En el escrito los demandantes insistieron en la entrega de los 800 folios faltantes que tiene en su poder el Ejército mexicano, y que puedan por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
También solicitaron la extradición de Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, y que se continúe con la línea de investigación sobre el posible traslado de 17 estudiantes del municipio de Barandillas a Iguala.
El documento, firmado por el Comité de padres y madres de los 43, fue entregado a Claudia Galindo, quien se identificó como directora del área de la subsecretaría de Derechos Humanos, y quien aseguró que en la Segob “estamos abiertos al diálogo en el momento en el que ustedes gusten”.
En respuesta, Mario González, uno de los padres de los normalistas reprochó: “llevamos más de 10 días exigiendo esa reunión con el Presidente y no nos ha recibido”.
Treinta minutos después, el personal de Gobernación entregó el documento a las familias de los normalistas desaparecidos, ya con el acuse y firma de la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde, con lo cual “le damos ruta formal el diálogo”, apuntó Vidulfo Rosales.
Asimismo indicó que retomarán la propuesta del presidente de que sean recibidos en un plazo de entre 15 a 20 días para establecer la mesa de diálogo con el titular del Ejecutivo federal.
Por separado, tras los hechos ocurridos en la calle Moneda por la mañana, el Centro Prodh señaló que las razones que motivaron esos actos fueron: “la negativa militar a entregar documentos, ausencia de reuniones en meses con Presidente, intento gubernamental de dividir familias, caída de la interlocución por relevo a responsables del caso, indiferencia frente a plantón” que se mantuvo durante 10 días.
Además, al asegurar que los padres y madres no están “manipulados” ni por el Centro Prodh ni por la CIDH, urgió a reestablecer el diálogo respetuoso, supervisado por las instancias internacionales de derechos humanos.
Gobernación informó que el subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ), Arturo Medina Padilla, se comunicó con las madres y padres de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos.
Medina Padilla les insistió en que están abiertos al diálogo y que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reuniría con ellos en unas semanas, por lo que existe el compromiso de escucharlos.
En un comunicado señaló que esta dependencia federal “reitera su total compromiso y disposición de trabajar de la mano de las familias y sus representantes sobre tres ejes fundamentales”.
El primero se basa en el reforzamiento de los trabajos de búsqueda en campo a través de la estrecha coordinación con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), así como autoridades federales y del estado de Guerrero.
El segundo eje que propone es continuar con los esfuerzos para romper el ‘pacto del silencio’ y, con ello, obtener información para dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos.
Finalmente, seguir con los trabajos para garantizar el derecho de las víctimas y el pueblo de México a la verdad y a la justicia a través de las acciones legales necesarias para sancionar a los responsables de estos lamentables hechos que implican graves violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, la Secretaría de Gobernación no ofreció detalles de cuándo podrían reiniciar el diálogo y que el mandatario nacional pueda recibirlos.
