México avanza en una estrategia jurídica sin precedentes para reclamar justicia y resarcimiento por los daños ocasionados por el tráfico ilícito de armas desde Estados Unidos.
Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reveló que el Gobierno de México busca obtener una indemnización de 15 mil millones de dólares por los estragos provocados por el uso ilegal de armamento en su territorio.
El equipo legal del Gobierno de México no ha bajado la guardia y continúa con el litigio contra la industria armamentista estadounidense en una corte de apelación en Boston, Massachusetts.
En un esfuerzo por alcanzar justicia, los abogados han esgrimido un poderoso argumento: la inmunidad que normalmente otorga a las empresas armamentísticas la ley estadounidense no aplica cuando los daños afectan directamente a México.
El proceso judicial en la corte de apelaciones podría prolongarse entre seis u ocho meses antes de dictaminar si la demanda prosigue en una corte ordinaria o si es definitivamente desechada.
Celorio enfatizó que el resultado deseado es que la corte de apelaciones reconozca la validez de los argumentos presentados por México y permita que el litigio continúe, señalando a los responsables de la distribución y venta negligente de armas que alimentan el tráfico ilícito en su país.
El Ejecutivo mexicano también lleva adelante otro proceso judicial en Tucson, Arizona, en contra de empresas vendedoras de armas. Aunque ambos procesos se anticipan largos, la discusión sobre los argumentos presentados por México en sí misma es una victoria en términos de narrativa.
Si la demanda prosperara, la indemnización buscada sería fundamental para cubrir los gastos asumidos por el Gobierno en su lucha contra el tráfico de armas, una batalla que ha implicado un desembolso estimado de 15.000 millones de dólares, equivalente a más del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
En esta perspectiva de exigir responsabilidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en Palacio Nacional.
La reunión abordará no solo el tráfico de armas, sino también temas cruciales como la migración, el narcotráfico y la cooperación para el desarrollo.
El Gobierno de México señaló que no cejará en su empeño por hacer frente a las consecuencias del tráfico de armas, una problemática que afecta no solo a la seguridad del país, sino también a la estabilidad y el bienestar de la sociedad.
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