El pleno del Senado ha aprobado una reforma al Código Penal Federal con el objetivo de sancionar de manera efectiva a aquellos funcionarios y personas que divulguen imágenes de cadáveres de mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia.
La reforma implica sanciones de hasta 18 años de prisión tanto para funcionarios públicos como para periodistas, youtubers, personas o representantes de medios de comunicación que publiquen este tipo de contenido.
Esta iniciativa surge en respuesta a casos como el de Ingrid Escamilla Vargas, cuyas imágenes fueron divulgadas de manera irrespetuosa y perjudicial en medios de comunicación y redes sociales en 2020.
La iniciativa fue aprobada con un total de 86 votos a favor en la Cámara alta. Esta enmienda al Código Penal Federal tiene como propósito tipificar y sancionar la filtración de imágenes o información de víctimas de feminicidios y otros ilícitos relacionados con la violencia de género.
El proyecto de reforma modifica la fracción XXVIII del artículo 225 del Código Penal Federal, estableciendo que divulgar, difundir o compartir imágenes, videos, documentos u otra información relacionada con una carpeta de investigación o un proceso penal que deba ser confidencial será considerado un delito.
La pena prevista es de prisión de seis a 12 años y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización.
Adicionalmente, se introduce un artículo 225 Bis que establece que los servidores públicos que divulguen información de víctimas o relacionada con las condiciones personales de las víctimas serán castigados con penas de seis a 10 años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización.
Si las víctimas u ofendidos son niñas, niños, adolescentes o mujeres, o si la información corresponde a cadáveres, la pena se aumentará en una mitad más.
Esta reforma tiene como objetivo proteger la dignidad, la intimidad y los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, así como garantizar el debido proceso.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, señaló que la divulgación de imágenes y detalles de víctimas de delitos constituye una lesión grave a la dignidad de las personas y a la memoria de las víctimas.
La reforma busca garantizar que la justicia penal incluya el respeto absoluto a la dignidad y memoria de las víctimas, tanto directas como indirectas.
El dictamen ha sido remitido a la Cámara de Diputados para su consideración y aprobación. Esta reforma representa un paso importante en la protección de los derechos y la dignidad de las víctimas de violencia en México.
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