Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie

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A propósito  del desafuero. La política entendida como actos autoritarios, de corrupción y tranza debe ser desterrada, es el reclamo de la voluntad popular. La 4T lidera esta línea.

Los políticos en campaña, dice la gente, llegan, prometen, se van y no vuelven. Tienen razón. La excepción confirma la regla. Por muchos años, el abandono de la calle y el confort del escritorio propiciaron una complicidad inaceptable entre funcionarios y representantes populares que hacían de todo menos servir al pueblo. El pacto de inmunidad, durante un largo tiempo derivó en la degradación de la política en nuestro país.

En México se otorga, mediante el fuero, una de las inmunidades más amplias a un número relativamente alto de funcionarios y que únicamente ha sido retirado en ocho ocasiones de 1917 a la fecha, entre ellas una sola vez había sucedido en Sinaloa.

Hoy la sociedad sinaloense, en el marco de la cuarta transformación, y en sintonía con los principios de no mentir, no robar y no traicionar, reivindica la exigencia de que la ley se aplique, que la corrupción se erradique y que la impunidad se combata.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos se encuentra vigente desde 1985, mediante el decreto 291, publicación que establece el procedimiento de Declaratoria de Procedencia, mismo que de acuerdo a su regulación legal, se acciona con la solicitud de la Fiscalía General del Estado, ante el Congreso del Estado, por la comisión de delitos cometidos presuntamente por funcionarios públicos que tienen fuero.

En la historia legislativa y jurídica sinaloense, solo existía un antecedente de “desafuero” que se dio en 2002, respecto de un alcalde del municipio de Mazatlán, y el Poder Legislativo sentó precedentes con el reciente desafuero del alcalde de la capital sinaloense, a solicitud de la Fiscalía General del Estado, para estar en posibilidades de ejercer su competencia en el ejercicio de la acción penal, ello en apego a lo establecido en el propio marco legal.

Por lo que, partiendo de la legalidad, las facultades del Congreso del Estado se encuentran establecidas en la Ley, y no es ninguna innovación, sino ejercicio mismo de aplicar la ley y ejercer las atribuciones y facultades de su funcionamiento, pues de acuerdo a la Constitución Política del Estado de Sinaloa en su artículo 135, la Declaratoria de Procedencia corresponde al Congreso, mientras que el nombramiento de presidente municipal, en caso de vacante definitiva, según el artículo 43, también corresponde al Congreso, de ahí que lo que en el ejercicio de la facultad legislativa se realiza, es la aplicación estricta de la ley.

En Sinaloa, en la historia política y jurídica se ha dado un primer paso, se han sentado precedentes y el mensaje juarista nos aplica a todos: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie.

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