Citibanamex: Oceanografía frena su proceso de venta; juez decreta medidas cautelares

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México.- Citibanamex no podrá vender sus activos, bienes o acciones en tanto no haya concluido el juicio civil por el caso Oceanografía, ello tras las medidas cautelares que dictó el juez Septuagésimo Primero de lo Civil en la ciudad de México.

La semana pasada, Citigroup adelantó que pondrá en venta su negocio minorista en México, incluyendo la marca Banamex y sus carteras de tarjetas e hipotecas, a fin de centrarse en el negocio mayorista, como ya lo ha hecho en otros países.

El pasado jueves, el juez Septuagésimo Primero de lo Civil en la CDMX dictó medidas cautelares contra Citibanamex por el caso Oceanografía, entre estas, se encuentra el que “se abstenga de realizar venta o transmisión de acciones, activos y demás bienes tangibles e intangibles, hasta en tanto no se resuelva en sentencia definitiva el juicio principal”.

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Aunado a ello, Banco Nacional de México S.A, miembro del Grupo Financiero Banamex, tendrá que garantizar ante el juzgado el pago de los montos demandados hasta por una cifra de 5 mil 200 millones de dólares.

También, el banco tendrá que abstenerse a pactar convenios, asambleas o cualquier otro acto corporativo que atienda sobre avalar el vender, donar, usufructuar o mediante cualquier otro medio perjudicar la cartera de clientes activos y pasivos.

Dichas medidas cautelares tienen como propósito ” impedir que el demandado (Citibanamex) eluda el cumplimiento de sus obligaciones o el resultado del juicio que se ha promovido o se intente promover en su contra”.

Las medidas cautelares impuestas a la filial de Citi Bank se otorgaron por la solicitud promovida por Oceanografía S.A de C.V. derivado de la demanda que la empresa naviera tiene contra el banco por un supuesto desfalco de 30 mil millones de pesos.

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En el acuerdo se señala que para que se ejecuten las medidas cautelares, se necesita que la compañía de servicios petroleros corrobore posibles daños y perjuicios que pudieran afectar a Banamex, por lo que se define, de forma discrecional, un monto de 260 millones de dólares, cantidad que tendrá que ser saldada en un plazo no mayor a 5 días, ya que en caso de no hacerlo, las medidas serán revocadas.

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